Un proyecto de Ley que busca que madres pobres, cabeza de hogar, y que delinquen por primera vez, puedan cumplir sus condenas mediante trabajo comunitario, pasará a ser revisada por la Corte Constitucional.

La iniciativa la presentó el senador Rodrigo Lara, y fue objetada por el presidente de la República, Iván Duque, por supuesta inconstitucionalidad.

El proyecto de Lara incluye también a mujeres que hayan delinquido sin el uso de la violencia.

La idea es que se les sustituya la pena de prisión por una pena de trabajo en asuntos de utilidad pública, ayudando a la comunidad.

Puede ser en la restauración y mantenimiento de parques o espacio público, y también en el cuidado de adultos mayores.

El espíritu de la iniciativa pretende no separar a la madre de sus hijos, a efectos de evitar que los niños queden desamparados, aislados, fuera de casa, sin hogar, introducidos en el mundo de la droga, el licor y demás círculos del crimen.

El argumento que señaló el Gobierno para objetar la ley se fundamentó es que la ley incluyera el delito de microtráfico.

“El 60 por ciento de las mujeres que están presas por delitos menores, corresponden a microtráfico, ese proyecto fue aprobado por eso”, reaccionó el senador Lara.

“En un 85 por ciento no cometieron ese delito con violencia, y lo cometieron por primera vez en un 87 por ciento, entonces lo que se buscó resolver con ese proyecto precisamente es eso la inmersión en el delito”, agregó el congresista.

El Gobierno también argumentó para la objeción de que el proyecto de ley no extendió los beneficios a los padres cabezas de hogar.

“No entiendo. No está de acuerdo con el proyecto, pero luego sale a decir que por qué no se lo extendimos a los padres cabeza de hogar. Esta es una ley que básicamente tiene un enfoque penal de género, es la primera reforma penal con un enfoque de género”, puntualizó Lara.

“Y las circunstancias de las mujeres que están presas, pues son muy distintas de las circunstancias de los hombres presos, así lo indican tratados internacionales y recomendaciones de Naciones Unidas, como la de Bangkok”, dijo Lara en la sesión de ese martes en el Senado.

La Ley persigue además recuperar el trato digno hacia las mujeres privadas de la libertad, y constituye igualmente una solución al problema del hacinamiento en los centros penitenciarios y carcelarios del país.